sábado, 6 de marzo de 2010

Piden en Llano cerrar planta de chapopote



El Norte/Redacción
La urgente intervención del Ayuntamiento de Santa Ana demandan habitantes de Estación Llano ante la eventual instalación de una planta procesadora de chapopote que está próxima a iniciar operaciones en esa comunidad.
Dicha planta ya se encuentra ubicada al Sur de ese centro de población a menos de 150 metros, con toda su capacidad instalada, lo que originó la molestia de la gente, por la contaminación del ambiente que se va a generar.
A decir de los vecinos de Llano, el problema es que al producirse el chapopote mediante la combustión donde se mezcla la arena con aceite, el olor es muy fuerte e impregna rápidamente el aire, que forzosamente se tiene que inhalar.
Dicha empresa ya había operado en años anteriores en esa misma comunidad con las molestias ya descritas, pero entonces nada ocurrió, pues los habitantes del lugar fueron sorprendidos y nada pudieron hacer, ya que las autoridades anteriores no escucharon sus demandas en ese sentido.
El presidente municipal de Santa Ana, Luis Alfredo Bernal Ainza aseguró que si dicha planta genera contaminación no iniciará operaciones en perjuicio de la gente de Estación Llano.
Para ello, señala, ya mandó inspeccionar a dicha empresa a través de la Dirección de Protección Civil que dirige Luis Alberto Valencia Medina, cuya dependencia deberá estar atenta a los planteamientos de la comunidad afectada.

Impacta tiroteo a negocios


Empresarios afectados por la balacera del 1 de febrero piden al alcalde Luis Melesio Chavarín Gaxiola dar la cara y ofrecer soluciones

Por Claudio Tiznado
La balacera ocurrida durante la madrugada del lunes 1 de febrero no solo arrojó siete víctimas mortales, tres de ellos supuestamente inocentes, sino casi una decena de negocios afectados por las ráfagas de metralla.
Dichas empresas fueron impactadas por la lluvia de proyectiles, dañándoles muros y cristales, dibujando en sus fachadas caprichosos agujeros producto de la disputa mafiosa.
Las balas alcanzaron puertas y ventanas trazando líneas curvas y rectas, en forma de crucigrama, llamando la atención de propios y extraños después de transcurrir quince días de ocurrido el evento gansteril.
De acuerdo a la versión de los propios negociantes entrevistados por periódico El Norte, luego de los lamentables hechos y hasta la fecha, ninguna autoridad, llámese municipal, estatal o federal se han acercado para realizar el recuento de los daños materiales y su costo en pesos y centavos.
Un comerciante afectado por la balacera, asegura que ni por asomo el alcalde Luis Melecio Chavarín Gaxiola ha enviado algún representante para conocer de primera mano las averías cometidas por los pistoleros en las empresas ubicadas a lo largo de la principal avenida de Magdalena de Kino.
De hecho, en la información manejada por los diferentes medios de comunicación sólo se consignó que fueron siete vehículos perjudicados, pero de los negocios impactados no se dijo absolutamente nada, como si fueran menos importantes.
Tan solo en uno de los locales siniestrados, el costo total de los cuatro cristales rotos de puertas y ventanas asciende a poco más de tres mil pesos, que al parecer tendrá que sufragar por su propia cuenta el propietario del mismo.
En otro negocio ubicado en la misma plaza, de la cual se omite el nombre por obvias razones, fueron dos ventanas las que se quebraron al ser tocadas por las armas de alto poder, pero el dueño, que ha manifestado su inconformidad, espera pacientemente a que la aseguradora haga el peritaje y reponga los vidrios dañados.
En lo que si están de acuerdo la totalidad de los empresarios afectados es en interponer una denuncia de hechos ante la agencia del ministerio público del fuero común, para que, al menos, los habitantes de Magdalena sepan que no están de acuerdo con la actuación de las autoridades locales.
La guerra presenciada el 1 de febrero en esta ciudad dejó como saldo no sólo muertes y daños materiales, sino la sensación de indefensión de la población ante el crimen organizado, cuyas autoridades se hacen de la vista gorda y dejan sólo al ciudadano que paga impuestos buscando obtener protección de sus autoridades municipales.